Vender en julio y no cobrar hasta septiembre: «Una factura que ahora vale 1.000 euros, en diciembre vale 900»
El cobro de la deuda por operaciones comerciales continúa erigiéndose como uno de los principales escollos para el tejido empresarial español una vez superada la pandemia. El 57% de las compañías solventan sus deudas en plazos superiores a los 60 días establecidos como límite por la legislación española y el pago llega a retrasarse hasta los 70 u 80 días. Durante el ejercicio anterior, la media ascendió a 67 días, según el informe Allianz Trade Collection Complexity Score, presentado por Allianz Trade, accionista de Solunion.
En el marco europeo, entre todos los países analizados, sólo Italia alcanza una cifra superior, con una demora de 72 días. Según esgrime el documento, el citado periodo de tiempo presenta una estrecha correlación con el tamaño de la empresa deudora. Así, cuanto mayor tamaño posee la empresa, más se retrasan los pagos. «Debido a los plazos del proceso judicial, en España, suele ser preferible llevar a cabo esfuerzos de cobro eficientes y orquestados antes de considerar la posibilidad de emprender acciones legales», arguye la empresa.
El estudio manifiesta, con especial énfasis, las dificultades que presenta tratar de cobrar una deuda cuando el deudor se ha declarado insolvente, tesitura en la que «el cobro de la deuda se vuelve extremadamente complicado, especialmente en lo que respecta a los acreedores no garantizados», explica Maxime Lemerle, analista jefe de Investigación de Insolvencias de Allianz Trade y uno de los responsables del estudio.
Las cifras presentadas en el estudio respecto a los plazos de cobro coinciden con la situación que la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) lleva años denunciando. «Las grandes compañías mantienen unos plazos abusivos, según el estudio, por encima de lo permitido en la legislación española», sostiene Antoni Cañete, presidente de la mencionada plataforma. «Esto deriva en una situación de incertidumbre para la pequeña y mediana empresa».
Como presidente de PMcM, Cañete participó en el plan de reconstrucción económico del Gobierno después de la pandemia. Durante estas conversaciones, ante la Comisión de Industria, denunció esta situación aludiendo a que, a pesar del elevado nivel de liquidez que habían adquirido las cotizadas en 2020 gracias al mecanismo de compra masiva de activos financieros articulado por el BCE, el periodo medio de pago de las deudas aumentó. «Se inyectó liquidez a las compañías para superar la crisis y, entonces, las empresas del IBEX aumentaron un 29% su volumen de efectivos y activos líquidos. Pese a ello, retrasaron los periodos medios de pago siete días de un año para otro. ¿Cómo es posible que, con más liquidez, aumentase esta demora?», explica.
A cierre de 2020, las empresas presentes en los diferentes índices bursátiles nacionales adeudaban 82.000 millones de euros, sin embargo «contaban con más liquidez que nunca», afirman desde la asociación. De aquel requerimiento al Gobierno ha emanado parte de la nueva Ley Crea y Crece, que obligará a las empresas que reciban dinero público a solventar sus obligaciones en el plazo estipulado por la ley, es decir, 60 días.
Por último, Antoni Cañete avisa de la ventaja que tienen las grandes empresas a la hora de negociar pagos en el largo plazo en vistas de la coyuntura económica actual: «Hay que estar atentos, porque una factura que ahora vale 1.000 euros, si se cobra en diciembre, va a valer 900». «Esta situación pone de manifiesto el riesgo actual que presenta la cadena de pagos en España, puede generar un efecto rebote en toda la economía», apuntilla.
El pasado mes de abril, la propia patronal, CEPYME, alertó de la delicada situación que atravesaba el parque empresarial español, en concreto, las pymes. El nivel de deudas comerciales se disparó en 2021 hasta los 280.000 millones de euros, un 17,3% más que el anterior registro de la serie, pertrechando el escaso margen de maniobra con el que contaban tras dos años en el que su facturación se redujo ostensiblemente.
