Publicado el 17/06/2025 por Administrador
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Durante su intervención en la Asamblea General de la ONU, el canciller de Venezuela, Yván Gil, lanzó una contundente exigencia: el levantamiento inmediato de todas las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados, así como una reparación por los daños que —según denunció— han causado serias consecuencias económicas y humanitarias al pueblo venezolano.
Gil afirmó que Venezuela enfrenta actualmente más de mil medidas coercitivas unilaterales, a las que calificó como “ilegales, crueles e inhumanas”. Estas sanciones, argumentó, no solo han afectado el desarrollo económico del país, sino que también han restringido el acceso a servicios esenciales como salud, medicamentos, alimentos y vacunas.
“Estas medidas constituyen una agresión directa a nuestro pueblo”, dijo el canciller. “Son un castigo colectivo que no tiene justificación legal ni moral, y violan flagrantemente el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas”.
Además de exigir el cese de las sanciones, Gil pidió garantías de no repetición y una reparación integral por los daños causados, incluyendo compensación económica y compromisos multilaterales para evitar que otros países sufran sanciones similares. Extendió esta exigencia a favor de otras naciones bloqueadas, como Cuba, a quien también defendió pidiendo su exclusión de la lista de supuestos patrocinadores del terrorismo elaborada por EE. UU.
La postura de Venezuela se enmarca dentro de una estrategia diplomática más amplia, que busca visibilizar ante la comunidad internacional lo que Caracas denomina “la guerra económica” en su contra. En ese sentido, Gil recordó la reciente proclamación por parte de Naciones Unidas del 4 de diciembre como el Día Internacional contra las Medidas Coercitivas Unilaterales, una victoria simbólica que atribuye al trabajo diplomático de su país.
Expertos consideran que esta ofensiva diplomática representa un intento por abrir el camino hacia demandas internacionales formales que podrían presentarse ante cortes multilaterales, aunque advierten que su éxito dependerá del respaldo político de otros Estados y del contexto geopolítico actual.
Los países occidentales aún no han emitido respuestas oficiales al discurso de Venezuela, pero el llamado de Gil ha reactivado el debate en torno al uso de sanciones como herramienta de presión internacional, especialmente cuando sus efectos impactan directamente a la población civil.
La intervención venezolana no solo buscó denunciar los efectos concretos de las sanciones, sino también reposicionar al gobierno de Nicolás Maduro en el escenario global como una voz activa contra el unilateralismo y a favor del respeto a la soberanía de los pueblos.
En un cierre enfático, el canciller declaró: “La comunidad internacional no puede seguir siendo cómplice silenciosa de estas prácticas. No pedimos caridad, exigimos justicia”.
