Publicado el 18/06/2025 por Administrador
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El Senado de Colombia dio luz verde a una de las iniciativas más emblemáticas del presidente Gustavo Petro: la reforma laboral. En una jornada marcada por la polarización política y el apremio legislativo, la cámara alta aprobó el proyecto con 57 votos a favor y 31 en contra, consolidando una victoria clave para el Gobierno a tan solo días del cierre del periodo legislativo.
La reforma, que ha sido presentada por el Ejecutivo como una apuesta por la justicia laboral y la dignificación del trabajo, incluye cambios profundos en las condiciones laborales de millones de colombianos. Entre los puntos más destacados figura el aumento del recargo dominical y festivo al 100 %, así como la ampliación de la jornada nocturna desde las 7 p. m., medidas que buscan reconocer el sacrificio de quienes trabajan en horarios no convencionales.
Uno de los aspectos más debatidos fue la inclusión de los trabajadores de plataformas digitales como Rappi, quienes ahora tendrán derecho a ser formalizados, acceder a seguridad social y contar con reglas claras frente al uso de algoritmos. La reforma también elimina la contratación por horas y extiende derechos laborales a los aprendices del SENA, equiparándolos con los trabajadores formales.
La aprobación se logró pese a una férrea oposición por parte de sectores conservadores del Senado. Simultáneamente, fue rechazada una consulta popular que el presidente Petro había convocado mediante decreto, luego de denunciar irregularidades en la votación anterior de la Cámara de Representantes. Aunque esa convocatoria fue duramente criticada por juristas y legisladores opositores, quienes la consideraron un posible acto inconstitucional, el mandatario anunció su retiro tras conocerse el aval del Senado.
Desde el Ministerio de Trabajo, el titular Antonio Sanguino celebró el avance como un "paso histórico hacia la justicia social", asegurando que la iniciativa permitirá reducir la precariedad laboral. Sin embargo, sectores empresariales y analistas económicos han advertido sobre posibles efectos adversos en el mercado: se estima que los costos laborales podrían aumentar entre un 7 % y un 35 %, lo que generaría presiones en la contratación y elevaría la informalidad.
La senadora Angélica Lozano, aliada crítica del Gobierno, respaldó el contenido social de la reforma pero cuestionó el manejo político, asegurando que el intento de consulta popular dio una imagen de manipulación electoral más que de convicción legislativa.
El proyecto ahora debe pasar a conciliación con la versión aprobada en la Cámara de Representantes. Sin embargo, el Congreso finaliza su actual legislatura el próximo 20 de junio, lo que deja una ventana de apenas dos días para alcanzar un texto unificado. Si no se logra este acuerdo, la reforma corre el riesgo de quedar estancada a pesar del avance logrado en el Senado.
Con esta aprobación, el Gobierno de Petro demuestra capacidad de negociación parlamentaria, aunque el desafío ahora será implementar una reforma que tiene implicaciones económicas, legales y sociales de gran calado.
