Montero cuela el teletrabajo de los funcionarios como un «parche» entre las medidas de ahorro y sin negociar

A través del plan de medidas de ahorro y eficiencia energética en la Administración General del Estado (AGE); sin negociar con los sindicatos y mediante lo que definen como un «parche»; y sin desarrollar todavía la norma propia que anunció para enero y que, casi seis meses después, sigue sin querer concretar. Así es como la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, aprobó ayer el teletrabajo de los funcionarios.

O, mejor dicho, lo que el Ministerio define ahora como «trabajo a distancia» que permitirá «reducir el impacto energético tanto por los desplazamientos al lugar de trabajo como por el consumo de energía en el propio centro de trabajo». Porque de lo que ya no se habla es de «conciliación» o de que es una forma de «fomentar la presencia de la Administración» en todo el territorio, que es lo que se pactó en las bases que los sindicatos firmaron con el Ministerio que entonces dirigía Miquel Iceta hace ya más de un año.

«No han negociado nada, simplemente nos citaron para darnos cuenta de la medida. Había muchas protestas y lo han metido con calzador, como un parche, con una regulación muy somera y apuntando que se articulará a través de un sistema de gestión de solicitudes que regulará el subsecretario de cada Ministerio», explica a este periódico Antonio González, de UGT.

El formato será, para aquellos puestos en los que se puede aplicar, de tres días de teletrabajo y dos de trabajo presencial. «Aunque en algunos casos también puede ser de dos días a distancia y tres presenciales», añade González, al tiempo que expone que el decreto propio del teletrabajo se puede retrasar incluso hasta octubre.

Esa norma recogerá otros aspectos básicos como, por ejemplo, que la Administración debe facilitar a los funcionarios los equipos informáticos necesarios. «Ahora lo que ocurrirá es que la gente trabajará con su propio ordenador», apuntan desde CSIF. «No dice nada de los equipos, los dispositivos telemáticos y las conexiones de red. Durante la pandemia se produjo un ataque informático en el SEPE desde Rusia y la Administración no se hizo cargo de las reparaciones», retoma González.

La aprobación de esta medida, junto a la histórica oferta de empleo público, se encuadra además en lo que la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) tacha como una gestión «opaca» por parte de Montero. Son los denominados funcionarios de élite, que muestran también su descontento por cómo la ministra está llevando la reforma de la Función Pública.

«No hemos tenido interlocución desde que Función Pública se sumó a Hacienda. Llamamos a su puerta y no tenemos respuesta», apuntan fuentes de Fedeca, que denuncian que no han tenido ni una reunión con Montero desde que asumió la gestión de Función Pública. Una crítica similar a la que hacen desde CSIF, que también apuntan la falta de diálogo con la ministra.

Esa élite de los funcionarios, además, muestra su descontento con el hecho de que el Gobierno quiera reducir la carga memorística en las pruebas de acceso más difíciles de la Administración. Es algo que adelantó el mencionado Iceta como una forma de hacer que primen las «aptitudes y actitudes sobre la memorización», y también de eliminar el «desajuste» que, en su opinión, existe entre el sistema educativo y las oposiciones.

Fedeca, como ya han hecho los Inspectores de Hacienda en más de una ocasión, alerta de que este cambio rebajará el nivel y que «no se debe cambiar lo que ha funcionado bien». Y, aunque reconocen que el momento económico es delicado, reivindican también que sus sueldos son bajos. «Los A1 [el grupo más alto entre los empleados público] estamos mal pagados en España, y en especial en la Administración del Estado. Hace mucho que nos congelaron el sueldo y aunque ahora mismo puede que no sea el momento de pedir alzas salariales, cualquier indicador comparativo muestra que los A1 del Estado estamos insuficientemente pagados», subrayan.