Hacienda admite el riesgo de doble imposición y busca vías para sacar adelante su impuesto a los ricos

Presupuestos El Gobierno logra aprobar un gasto histórico para 2023 y anuncia un impuesto para ricos a partir del 1 de enero

El nuevo impuesto a las grandes rentas, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, corre el riesgo de incurrir en una doble imposición. De gravar dos veces el mismo hecho imponible y, por lo tanto, de ser ilegal, por lo tanto. Y en Hacienda son plenamente conscientes de ello, tanto que es uno de los aspectos en los que más trabajan los técnicos del Ministerio.

Fuentes del departamento de María Jesús Montero reconocen a este periódico la preocupación y el especial cuidado que se está poniendo en este punto. Conjugar la nueva figura con el Impuesto de Patrimonio es fundamental para evitar denuncias e incluso reveses judiciales, inciden, aunque están plenamente seguros de poder encontrar la forma. Ponen el ejemplo de los impuestos a la banca y a las energéticas, que realmente no contienen la palabra impuesto en su nombre de forma totalmente deliberada: un gravamen excepcional no tributario y una prestación patrimonial de carácter público.

En ese proceso fue clave el papel de Jesús Gascón, actual secretario de Estado de Hacienda y anterior director general de la Agencia Tributaria. Su conocimiento del sistema tributario es muy notable, y su importancia se antoja capital también en este nuevo impuesto a los ricos.

Más allá de las dificultades para evitar la doble imposición, la figura será temporal, según explicó ayer Montero. Hacienda también se planteó la posibilidad de acometer un nuevo incremento del IRPF para los tramos más elevados, pero en el Ministerio han decidido profundizar en la opción de un gravamen nuevo. Eso hará que la medida no se pueda incluir en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, sino que sea necesario tramitarlo de forma paralela ya que la legislación no permite la creación de nuevas figuras a través de las cuentas públicas.

Su capacidad recaudatoria no será muy elevada, especialmente en términos comparativos con otros impuestos del sistema tributario español, aunque en Hacienda sí están esperanzados en que alcance cierta importancia. Por ahora, el antecedente más cercano y con cierta similitud ese incremento del IRPF para las rentas altas que el Gobierno ya decretó en 2021, y que esté año ronda los 340 millones recaudados, según los últimos datos.

Sí tendrá, en cambio, una importancia mucho mayor en términos ideológicos, electorales y de lucha política contra el PP. De hecho, un nuevo impuesto a las rentas altas es una exigencia que Unidas Podemos comenzó a realizar casi desde el mismo momento en el que se creó el Gobierno de coalición. Y en el acuerdo que dio lugar a ese Ejecutivo ya se recogió que «se estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo».

El ala socialista del Gobierno, sin embargo, siempre se había negado a dar forma al impuesto y durante las últimas semanas, en las negociaciones presupuestarias con Podemos, Montero siempre se había negado a dar el paso. Por eso, en la formación morada consideran que la ministra ha improvisado el nuevo gravamen como respuesta a la ofensiva fiscal del PP y que, además, se ha adueñado de su propuesta.

En Hacienda, en cambio, rechazan absolutamente este punto. Montero afirmó este jueves que los técnicos llevan «semanas» trabajando en el impuesto, lo que supondría que mientras rechazaban las peticiones de Podemos en el Ministerio ya «exploraban» posibilidades. Así lo subrayan también fuentes de este departamento, en donde se considera además que el anuncio supone un golpe de efecto tras los numerosos anuncios del PP. En la formación de Alberto Núñez Feijóo, por su parte, estiman que el Gobierno va a remolque de lo que anuncian y deciden las regiones populares.

Lo que sí parece indudable es que al ligar de algún modo el impuesto a los Presupuestos, al hacer esta tramitación paralela, el Gobierno se asegura el apoyo de buena parte de sus socios. Podemos, a pesar de los recelos apuntados, ha mostrado su satisfacción y pide incluso que la figura sea permanente. Y el resto de formaciones de izquierda, como ERC o Bildu, también estará previsiblemente satisfechos con el impuesto. El PNV tal vez manifieste alguna queja por este impuesto, pero las negociaciones presupuestarias con los jeltzales siempre se acaba saldando igual: con alguna prebenda que acaba asegurando su voto favorable.