El Salvador decreta el Régimen de Excepción y suspende derechos ante la ola de 62 homicidios en un solo día: «Los pandilleros no saben lo que les espera»

El Salvador sufre la mayor ola de homicidios desde que Nayib Bukele asumiera el poder en junio de 2019, tras registrarse 62 muertes violentas este sábado, según datos de la Policía Nacional Civil, que ha advertido de que «no retrocederemos en esta guerra contra las pandillas«. Esta situación, calificada como «día negro» por el Movimiento de los Trabajadores de la Policía, ha provocado que la Asamblea Legislativa haya aprobado esta noche, con el apoyo de 67 de los 84 diputados (Nuevas Ideas y Gran Alianza por la Unidad Nacional), decretar el Régimen de Excepción, a petición de Bukele, lo que se traduce en la suspensión de varias garantías constitucionales.

Concretamente, han quedado suspendidas las garantías constitucionales de la libertad de asociación y reunión, derecho de defensa, plazo de la detención administrativa e inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones de conformidad a la propuesta realizada por el Ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro. Hasta ahora, la detención administrativa estaba fijada en un máximo de 72 horas y ahora se podrá ampliar hasta los 15 días, al tiempo que se podrá interceptar la correspondencia e intervenir las comunicaciones telefónicas.

La Ley establece que el plazo de suspensión de las garantías constitucionales no excederá de 30 días, aunque transcurrido este plazo, podrá prolongarse la suspensión, por igual periodo y mediante nuevo Decreto si continúan las circunstancias que la motivaron.

Tres horas antes de que se aprobara la suspensión de estas garantías, Bukele había solicitado a la Asamblea Legislativa decretar hoy mismo Régimen de Excepción, de acuerdo al artículo 29 de la Constitución de la República. Asimismo, defendió que el Régimen de Excepción iba a ser aprobado por una Asamblea Legislativa «legítima y democráticamente electa» en la que su partido, Nuevas Ideas, tiene la mayoría. Inmediatamente, el Presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, convocó a Sesión Plenaria Extraordinaria, donde se aprobó con 67 votos a favor, cero en contra, 4 abstenciones y 13 ausentes la suspensión de garantías constitucionales.

«Nuestra prioridad es proteger a la población salvadoreña, por lo que atenderemos la solicitud del Presidente, Nayib Bukele, para decretar medidas que nos permitan salvaguardar su vida», recalcó la Asamblea Legislativa en sus redes sociales. Mientras, los diputados afines al Gobierno fueron anunciando que estaban «listos» para aprobar el Régimen de Excepción «por amor a nuestra gente». «El pueblo nos necesita, no importa la hora ni el día», remarcó Norma Lobo, de la bancada Nuevas Ideas.

Bukele aseguró en sus redes sociales que, desde este viernes, «tenemos un nuevo repunte de homicidios, algo que habíamos trabajado tan duro por reducir». Así, indicó que «mientras combatimos a los delincuentes en las calles, tratamos de descifrar lo que está pasando y quiénes están detrás financiando esto».

De este modo, el mandatario asume que los crímenes han continuado en su país, pese a su controvertido proyecto estrella, puesto en marcha el 20 de junio de 2019, nada más llegar al poder y denominado Plan de Control Territorial con el que, en principio, pretendía derrotar «en tres o cuatro años» a las pandillas que irrumpieron en El Salvador a principios de los años 90 tras originarse en Los Ángeles. Hasta ahora, ningún gobernante desde que finalizara el conflicto civil en El Salvador en 1992 ha logrado acabar con este fenómeno.

«Las pandillas no saben lo que les espera», advirtió Bukele el mismo día que se convirtió en el más violento desde que existe el registro diario de homicidios a nivel nacional, mientras que el anterior se había registrado en agosto de 2015, cuando se reportaron 52 crímenes en un solo día.

Ello a pesar de que el mandatario llenó las calles de militares y policías en el marco del Plan de Control Territorial, que contempla duplicar en los próximos cinco años la cifra de soldados hasta alcanzar los 40.000, con el fin de «ganar esta guerra contra las pandillas», que se calcula que cuentan con más de 70.000 miembros, de los cuales más de 17.000 están presos. Bukele se ha llegado a jactar de que desde que se desplegaran los militares y policías en las calles, «se logró reducir los homicidios en un 60 por ciento», si bien los asesinatos ocurridos en las últimas horas echan por tierra este argumento.

Por su parte, el Fiscal General de El Salvador, Rodolfo Delgado, habló ya de una «cacería» en su cuenta de Twitter y resaltó que «todos los fiscales están listos», porque «es nuestro deber defender a policías y soldados y asegurarnos que estos delincuentes paguen por sus crímenes». Así, avisó de que «a los asesinos les esperan largas condenas», dado que «no tendremos piedad contra los que están enlutando nuestro país».

Mientras, la Policía Nacional Civil manifestó que «continuamos con la guerra contra las pandillas» y «no vamos a retroceder», de modo que publicó una serie de fotografías de decenas de supuestos pandilleros detenidos en las últimas horas y que serán puestos a disposición judicial.

«Sé que mi labor no es quejarme, todo lo contrario, debo de darle gracias a Dios por permitirme enfrentar estos inimaginables retos, por darme esta enorme responsabilidad y por haberme escogido para ser su soldado específicamente en estos tiempos», recalcó Bukele, al tiempo que remarcó que «aquí estamos trabajando sin dormir y así vamos a seguir, hasta que esto mejore».

En el mismo texto en el que dijo que «Dios no nos dejará solos», el mandatario de El Salvador aseveró que «jamás me imaginé que potencias mundiales trabajaran activamente para que El Salvador no salga adelante y ahora hasta intenten aprobar leyes en sus congresos para evaluar los riesgos que representa» este país. En esta línea, prosigue que «sinceramente, pensaba que ni siquiera podían ubicar nuestro país en el mapa y hoy resulta que somos ‘una amenaza'».

Por otra parte, aseguró que «desde que era candidato, sabía que no sería un trabajo fácil», teniendo en cuenta que «un país con tantos problemas y carencias como el nuestro, no se iba a arreglar en un día, pero estaba dispuesto a asumir el reto y a dejar todo lo que tengo y de ser necesario, trabajar 24 horas los 7 días a la semana para sacar adelante a nuestro país». Finalmente, abogó por que «la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada deben dejar que los agentes y los soldados hagan su trabajo y deben defenderlos de las acusaciones de quienes protegen a los pandilleros», al tiempo que avisó de que «estaremos pendientes de los jueces que favorezcan delincuentes».

Por su parte, el diputado de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, apuntó que el pueblo salvadoreño «no nos eligió para andar con medias tintas», al tiempo que arremetió contra los partidos de oposición, ARENA y FMLN que se han turnado en el poder en los últimos años: «estos

Gobiernos posicionaron a nuestro país como uno de los más violentos a nivel mundial y nos conocían como el país de las maras».

Además, los acusó de «negociar con la sangre de cada salvadoreño» otorgando «grandes privilegios» a las pandillas, como «pornofiestas, videojuegos, televisión en celdas e internet ilimitado en las cárceles donde seguían delinquiendo». Por ello, consideró que es «el momento de dar el golpe sobre la mesa y apoyar a nuestro Presidente» a la hora de restringir derechos constitucionales «en el marco del derecho».

Mientras, el diputado de GANA, Guillermo Gallegos, estima que, tras la ola de violencia, que según la prensa local ha causado 71 crímenes en los últimos dos días, «hay un interés político de algunos sectores opositores al Gobierno». Así, opina que «alguien está manejando los hilos o incidiendo en las pandillas para que esto suceda con un fin político de querer dañar la vida de muchos salvadoreños». Por este motivo, defiende que «la única manera de acabar con las pandillas es aplicándoles la pena capital acabando con cada pandillero o terrorista».

El diputado de la oposición Jaime Guevara (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) preguntó «dónde está el exitoso Plan de Control Territorial«, teniendo en cuenta que en los últimos tres años de Gobierno de Bukele «la seguridad pública ha tenido uno de los presupuestos más grandes» y, sin embargo, ha supuesto un «fracaso total». Asimismo, aseguró que la crisis actual en la que más de 60 personas han perdido la vida en un solo día «requiere de sensatez y no de matonería política» señalando al pasado y atacando a la oposición.