El Gobierno acepta las rebajas al impuesto de Sociedades que piden PP y Ciudadanos para salvar los planes de pensiones en empresas

La perspectiva de un fracaso en el Congreso en la tramitación del proyecto de ley para el impulso de los planes de pensiones de empleo ha movido al Gobierno a apoyarse en la oposición para salvar uno de los hitos en la reformas del sistema de pensiones comprometida con Bruselas.

La ponencia celebrada hoy en el Congreso para transaccionar enmiendas ha sido apurada hasta el final por el Gobierno, que no ha cedido hasta última hora de la tarde a las peticiones que le planteaban PP y Ciudadanos para aprobar la norma que regulará estos sistemas de prevención complementarios. Con todo, el PP exige aún que la retirada de los incentivos fiscales a los planes de pensiones individuales se realicen en un periodo transitorio, algo a lo que no ha accedido Hacienda, con lo que el apoyo de este grupo sigue en el aire. La comisión parlamentaria se reunirá previsiblemente la próxima semana para aprobar el proyecto de Ley a mediados de junio.

La relevancia de estos incentivos fiscales radica en que sin ellos las empresas veían complicado que despegaran los planes de pensiones proyectados por el Gobierno para cubrir hasta a un 80% de los trabajadores afiliados y alcanzar un patrimonio de hasta 100.000 millones de euros. Estos planes de pensiones están pensados para complementar las futuras prestaciones contributivas que pagará la Seguridad Social y que -a falta de que se complete la reforma del sistema- podrían no ser tan generosas como lo son actualmente.

De hecho, ya antes de que se tramite la norma el sector de la construcción firmó hace unas semanas un preacuerdo de convenio colectivo que incluyó un plan de pensiones y empleo para 1,3 millones de trabajadores. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) advirtió no obstante de que sin la aprobación de incentivos en el Impuesto de Sociedades el primer plan de pensiones fruto de la nueva norma peligraría.

Es en este punto donde la oposición ha hecho valer sus votos frente a una coalición de apoyo al Gobierno muy dividida. Finalmente, el compromiso del Gobierno ha sido asumir la enmienda 41 planteada por el diputado popular Tomás Cabezón por la que se fijan «deducciones por contribuciones empresariales a sistemas de previsión social empresarial». Ciudadanos, por su parte, había planteado unas deducciones muy superiores, del 15%. María Muñoz celebró «haber hecho rectificar» al Gobierno. «Incluirá nuestras mejores en los planes de pensiones de empleo», señaló en referencia a los incentivos y la supresión del derecho de veto del Gobierno en las inversiones de los fondos.

Las deducciones han sido aceptadas en el último momento por el Ministerio de Hacienda, que hasta la semana pasada negaba estar interesado en aplicarlas, poniendo en peligro la aprobación de la reforma planteada por José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social.

Durante la semana pasada, Escrivá dedicó mucho tiempo a alinear intereses en el Congreso, en el Gobierno y con los agentes sociales, sin éxito. Que el riesgo de estrellarse contra la falta de respaldo por los socios de Gobierno era claro, lo demuestra el hecho de que la ponencia celebrada hoy se movió en la agenda en numerosas ocasiones. Los grupos parlamentarios han pedido a Escrivá que, de cara a la tramitación pendiente, ate antes sus apoyos y no eternice el proceso.

La cuota que las empresas podrán deducirse del impuesto de Sociedades ascenderá al 10% para las contribuciones empresariales imputadas a favor de los trabajadores con retribuciones brutas anuales inferiores a 27.000 euros. Por encima de ese nivel salarial, la deducción se aplicará sobre la parte proporcional de las contribuciones empresariales que correspondan al importe de la retribución.