13 comunidades aún carecen de alguna de las leyes necesarias para alcanzar los objetivos climáticos que marca la UE para 2030

11 de las 17 comunidades autónomas españolas aún no han implementado jurisprudencia en alguno los ámbitos requeridos por la Unión Europea para cumplir con los objetivos de descarbonización para 2030. Esta situación se agrava en Castilla y León y Castilla La Mancha, únicas regiones españolas que aún no cuentan con ningún tipo de estrategia regional climática, según han confirmado desde el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) a EL MUNDO. «Si han iniciado la revisión aún no han informado y parecen ir con retraso», señala Alba Iranzo, abogada del IIDMA.

La Ley Estatal de Cambio Climático y Transición Energética establece la obligación a las comunidades desde el pasado diciembre de informar a la Comisión de coordinación de políticas de cambio climático sobre sus planes y estrategias en vigor en materia de energía y clima. En dicha hoja de ruta, deben aparecer las medidas que cada región vaya a implementar para garantizar el cumplimiento de los objetivos fijados por el Estado para el 2030 y 2050. Pese a que es el Gobierno central quien exige a las comunidades los estándares a lograr en las fechas indicadas, la Constitución brinda a las comunidades una parte competencial.

A la situación de ambas Castillas se suman otras nueve comunidades autónomas que aún tienen que aprobar leyes relacionadas con los objetivos de acción climática marcados por Europa. Así, Asturias y La Rioja fueron las últimas en anunciar que sus planes regionales estaban en fase de planificación.

El hecho de retrasar la implementación de estos planes puede suponer, a nivel ambiental, unas consecuencias «cada vez más claras» que afectarán «de manera diferente a las regiones españolas» debido a su ubicación geográfica, señala Iranzo. La abogada afirma que «cuanto más se tarde en adoptar una planificación», menor será «la capacidad para mitigar los futuros impactos».

En el caso de la Comunidad de Madrid, sus Estrategias de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y de mejora de la Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid y su Plan de Descarbonización y cuidado del medioambiente carecen de borrador, por lo que aún se desconoce cuáles son los objetivos y las medidas concretas que se van a aplicar, según indican los últimos datos suministrados por IIDMA.

Cataluña tampoco ha presentado un borrador de su Marco Estratégico de Referencia de Mitigación. Además, la Generalitat cuenta con una sentencia del Tribunal Constitucional en materia medioambiental que echa por tierra las leyes de fijación de objetivos de reducción de GEI, de objetivos renovables de 2017 y de eficiencia energética del mismo año (STC 87/2019, de 20 de junio).

El País Vasco carece por el momento de Estrategia de Transición Energética y Cambio Climático 2030, misma situación en la que se encuentra la Comunidad Valenciana. Por su parte, la Región de Murcia aún no ha actualizado su plan energético -aprobado para el periodo 2016-2020- al 2030.

Canarias, una de las regiones más ambiciosas en lo relativo a descarbonización -adelantó el objetivo de 2050 al 2040- tampoco cuenta a día de hoy un borrador de su Plan Canario de Acción Climática. Sí aprobó en enero del presente curso su Estrategia de Acción Climática. La otra comunidad insular española, Baleares, tampoco ha presentado su Plan de Transición Energética y Cambio Climático, aunque este encuentra en fase de redacción.

Para 2030, la Unión Europea ha marcado como los principales objetivos la reducción de un 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990, potenciar hasta el 32% el uso de energías renovables y mejorar la eficiencia energética en un 32,5%.