La cuota catalana en Netflix que exigía ERC para salvar los Presupuestos ya estaba protegida

La cuota catalana en Netflix que exigía ERC para salvar los Presupuestos ya estaba protegida

Ayer se conoció que el Ejecutivo había pactado la derogación de la reforma laboral, tal cual figuraba entre los compromisos de PSOE y Podemos para formar un Gobierno de coalición. No es éste el único anuncio que se superpone a lo previamente establecido: la cuota de producción audiovisual en catalán reclamada por ERC para salvar los Presupuestos ya es perfectamente posible sin necesidad del celebrado acuerdo del pasado viernes.

Como toda narración al uso, el entendimiento entre los republicanos y los socialistas se ha fraguado con un planteamiento, un nudo y un desenlace, hasta el sí del PSOE a la insistente exigencia del partido independentista para prestar apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. No ha faltado emoción, como la que buscan Netflix y otras plataformas en sus contenidos, pero esta reclamación «no era necesaria» y solamente se podría justificar por la intención de ERC de «anotarse un tanto político», tal y como han reconocido a EL MUNDO distintas fuentes del sector audiovisual y del propio Gobierno.

El portavoz del partido republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, se vanaglorió el pasado viernes de que habrá «una cuota de producción audiovisual en catalán», exigida en las últimas semanas desde su formación política como condición sine qua non para no presentar una enmienda a la totalidad de los nuevos PGE. De esta manera, los servicios de streaming como Netflix, HBO o Amazon Prime Video se verán supuestamente obligados a incluir un mínimo de producciones en lenguas cooficiales, compromiso que se enmarcaría en la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual. El anteproyecto de esta norma, del que aún no se conoce su redacción definitiva, se habrá de remitir al Consejo de Ministros para su aprobación y posterior tramitación parlamentaria.

Ahora bien, resulte el texto que resulte, se mantendría la base estipulada en la Ley audiovisual vigente, siempre que no se anule explícitamente algún artículo, y en la normativa actual ya se estipula que «las Comunidades Autónomas con lengua propia podrán aprobar normas adicionales para los servicios de comunicación audiovisual de su ámbito competencial con el fin de promover la producción audiovisual en su lengua propia».

Es decir, para apoyar los Presupuestos, ERC no requería de la plasmación de una cuota en la nueva ley, pues el Govern ya puede fomentar el catalán con normas adicionales. Diferentes interlocutores del Gobierno y de las plataformas bajo demanda así se lo habrían transmitido al partido catalán, que en cualquier caso consideraba «imprescindible» el «proteger la lengua catalana en el marco de la ley audiovisual del Estado español», según subrayaba Marta Vilalta, portavoz de ERC.

Por su parte, Junts Per Catalunya sostiene que crear una ley catalana audiovisual, no ya estatal, supone «la mejor enmienda a la ley española», en palabras de su portavoz en el Parlament, Mònica Sales. Más allá de la andanada ideológica, ciertamente existe normativa catalana audiovisual y, de hecho, en estos momentos atraviesa su fase de consulta pública el anteproyecto para modificar la ley autonómica vigente. De hecho, la Dirección General de Política Lingüística ha estado «en conversaciones» con Netflix durante todo el año, como ha admitido el propio Govern.

Pero el debate se ha trasladado a la normativa audiovisual española, con inusitado papel protagonista en los nuevos Presupuestos. «Merecería la pena revisar si esta reclamación es realmente un apoyo a la diversidad lingüística, que se podría conseguir simplemente con subtitulado, o más bien un intento soterrado de potenciar la industria catalana», lanzan desde una de las compañías afectadas. No en vano, en Esquerra cifran en 26.000 puestos de trabajo el sector audiovisual de Cataluña.

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