El Constitucional salva a los alcaldes de tener que devolver millones de euros del impuesto de plusvalía

El Constitucional salva a los alcaldes de tener que devolver millones de euros del impuesto de plusvalía

P&R Impuesto de plusvalía: el contribuyente sólo podrá pedir su devolución si lo impugnó antes de la anulación

Los ayuntamientos españoles se han quedado, por el momento, sin su segunda fuente principal de ingresos después de que el Tribunal Constitucional haya publicado este miércoles la sentencia por la que anula el llamado impuesto de plusvalía municipal (Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana). Sin embargo, el mismo fallo salva a los consistorios ante el esperable aluvión de reclamaciones que podría costar millones de euros a las arcas municipales teniendo en cuenta que cada año ingresan por este tributo alrededor de 2.500 millones de euros.

La sentencia trata de evitar esta situación al acotar muy estrechamente los casos en los que los contribuyentes podrán reclamar la devolución del tributo a partir de ahora.

El texto anula la fórmula de cálculo del gravamen pero establece que «no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en esta sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto, que a la fecha de dictarse la misma -26 de octubre- hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme».

En este sentido, el tribunal aclara que tendrán también la consideración de «situaciones consolidadas» las liquidaciones provisionales o definitivas de la plusvalía que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse sentencia.

Por tanto, podrán reclamar todas las liquidaciones y autoliquidaciones que se hayan reclamado y no hayan tenido respuesta (esto quiere decir que no son firmes). Además, aquellas liquidaciones y autoliquidaciones que se liquiden desde el 26 de octubre hasta que haya un nuevo método de cálculo son nulas de pleno derecho, por lo que hasta que no tengan un nuevo método para calcular el impuesto no deben liquidarlo.

Por el contrario, no se podrán reclamar las liquidaciones o autoliquidaciones que no se haya reclamadoantes de la sentencia ni aquellas sentencias o resoluciones administrativas firmes, es decir, sentencias y resoluciones administrativas que no se hayan recurrido en su momento.

Desde el equipo legal de Reclamador.es destacan la «desigualdad» que la resolución genera entre los contribuyentes, «pues deja fuera a cientos de miles de contribuyentes en la devolución de lo que en su día pagaron por este impuesto». El magistrado Cándido Conde-Pumpido Tourón también se refiere a este aspecto en el voto particular que establece en el fallo, según el cual la sentencia provoca una desigualdad entre los contribuyentes puesto que no se van a ver favorecidos los que pagaron el impuesto sin presentar reclamación ni rectificación de autoliquidación alguna, atendiendo a la situación de confianza legítima que generaron los anteriores pronunciamientos del Tribunal en los que declaró que el impuesto era conforme con la Constitución en su configuración actual.

Precisamente esa desigualdad y la ausencia de retroactividad de la sentencia ha generado bastante disconformidad en organizaciones como Asufin (Asociación de Usuarios Financieros), donde han comenzado a estudiar las posibles vías de reclamación de las autoliquidaciones efectuadas en los últimos cuatro años «dado que hay herramientas jurídicas dentro de la normativa fiscal que permiten reabrir el caso».

Según sus primeras conclusiones, la normativa fiscal permite presentar una rectificación de la autoliquidación o una declaración complementaria para subsanar errores en perjuicio de la Hacienda Pública. «De esta manera, se abriría un nuevo procedimiento de reclamación que la Administración estará obligada a responder y, esperamos, lo haga en beneficio del contribuyente que no reclamó», apuntan desde la organización.

«No nos parece de recibo que el Tribunal Constitucional premie a los que sistemáticamente recurren el pago de impuestos y castigue a aquellos ciudadanos que confían en que la Administración está cobrando correctamente» declara Patricia Suárez, presidenta de Asufin.

En todo caso, los efectos de la sentencia son inmediatos y en cuanto se publique en el BOE (Boletín Oficial del Estado), no se podrá cobrar la plusvalía en ninguna operación de compraventa de inmuebles.

Respecto a la no retroactividad que incorpora la sentencia del TC, creen que «podría ser tumbada por Europa, como ya sucedió con el fallo del Supremo relativo a la cláusula suelo».

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