El CGPJ tumba el informe que avalaba la Ley de Vivienda del Gobierno

El CGPJ  tumba el informe que avalaba la Ley de Vivienda del Gobierno

El informe que validaba el Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchezha fracasado este viernes en el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Según informan fuentes jurídicas, tras más de dos horas de deliberación, los vocales han votado sobre una primera «enmienda a la totalidad» presentada frente a la ponencia del vocal Álvaro Cuesta,quien abogaba por declarar la Ley de Pedro Sánchez «un instrumento normativo adecuado para consagrar y dotar de contenido el derecho a la vivienda».

Un total de 15 vocales han votado a favor de la enmienda redactada por el vocal Enrique Lucas, quien consideraba que el texto legal violaba las competencias autonómicas en tema de vivienda y hacía una «mera descripción complaciente» del anteproyecto de ley.

Este apoyo mayoritario a la enmienda de Lucas ha provocado que la propuesta inicial de informe -favorable al texto legal- haya quedado invalidada y que Cuesta tenga que ceder la redacción del mismo a otros consejeros.

La mayoría de vocales, tanto del grupo progresista como conservador del órgano de gobierno de los jueces, no han compartido la conclusión del informe de Álvaro Cuesta sobre el título competencial, lo que implica que múltiples cuestiones del mismo deban ser ahora reelaboradas.

Serán nuevos ponentes del informe los vocales José Antonio Ballestero y el propio Enrique Lucas. El nuevo documento será debatido por el Pleno el próximo día 27, lo que retrasa irremediablemente los planes del Gobierno de llevar el anteproyecto a Consejo de Ministros el próximo martes. El informe del Consejo es preceptivo pero no vinculante.

Por su parte, la ponencia de Cuesta sostenía que el texto del anteproyecto legal pretendía garantizar el cumplimiento de este derecho en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos españoles, «sin perjuicio de las competencias que sobre la materia tienen atribuidas las comunidades autónomas».

Sin embargo, la enmienda presentada por Lucas, que ha triunfado en el Pleno, argumentaba que el anteproyecto de Ley de la Vivienda de Sánchez, bajo la premisa de que regula un derecho fundamental, viola las competencias que tienen atribuidas las autonomías.

La enmienda de siete páginas, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, recoge que la propuesta de Cuesta «evidencia una atracción artificiosa a la esfera estatal de la ordenación completa y agotadora de una materia que el artículo 148.1.3 de la Constitución dejó a disposición de las comunidades autónomas para, así, imponer un modelo de intensa intervención pública en la vivienda que hace irreconocible la configuración del derecho de propiedad que contiene la vigente legislación civil».

De igual modo, explica que «su dificultosa articulación con las vigentes leyes autonómicas de vivienda será problemática en detrimento de la seguridad jurídica en tan sensible materia».

Han votado a favor de estas alegaciones, el presidente del CGPJ Carlos Lesmes, y los vocales Roser Bach, José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Victoria Cinto, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Vicente Guilarte, Enrique Lucas, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea.

Por su parte, la ponencia inicial de Álvaro Cuesta ha contado con el apoyo de los vocales del sector progresista Pilar Sepúlveda, Mar Cabrejas, Clara Martínez de Careaga, Rafa Mozo y Concepción Sáez.

Tras conocer que el CGPJ ha decidido posponer su informe sobre la ley estatal de vivienda hasta el pleno del próximo 27 de enero, en Unidas Podemos se muestran preocupados por los retrasos injustificables a una ley que tiene que dar respuesta a la emergencia habitacional que vive nuestro país.

Esta ley, que «permite por primera vez la regulación de los alquileres en las zonas con mercados encarecidos, pone freno a los desahucios sin vivienda alternativa para familias vulnerables o prohíbe la venta de vivienda protegida», es una de las leyes estrella de los morados y ha sido negociada en primera persona por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.

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